Website dedicado a proporcionar información y recursos a quienes han tenido la responsabilidad y la valentía suficientes para objetar a la imposición de la asignatura Educación para la ciudadanía.
CC. Autónomas
Opinión
Suscripción al Boletín
Si desea recibir el Boletín de Objetores.org en su correo electrónico, puede darse de alta:
¡Recomiéndenos!
Canales News RSS
Novedades sobre la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía
> Ciudadanía y religión I
[ 11-06-2010 ] Análisis Digital
Por José M.ª Martí Sánchez, Doctor en Derecho.
Expongo una reflexión sobre cómo una apuesta ideológica fuerte, por un modelo de ciudadanía, implica una reducción de la libertad religiosa y de conciencia. Un empobrecimiento personal y social. Es éste un peligro ante el que tenemos que estar alerta.
Primero, me ocupo del concepto que el poder político tiene de ciudadanía y de su voluntad de imponerlo. En una segunda entrega, examino frente a qué quiere imponerse, una ciudadanía abierta, y cómo esto constriñe la libertad y aumenta el control.
Rodríguez Zapatero y su concepto de ciudadano
Rodríguez Zapatero comenzó su política con un nuevo sistema educativo. Éste pivotaba sobre la educación para la ciudadanía. La medida revela tanto su objetivo de gobierno, transformar la cultura y el ser de España, cuanto la estrategia para conseguirlo. El 37 Congreso Federal del PSOE (2008) nos da un detalle de en qué consiste el cambio y cuándo se producirá: «La consolidación de la laicidad del estado sólo será posible con el paso de las generaciones y los cambios culturales concomitantes». Idea que completa otro párrafo del documento: «sólo desde la educación se puede lograr un cambio de mentalidad».
A propósito de Educación para la ciudadanía, se advierten dos elementos que contaminan el proyecto de construcción social en ejecución:
1º) Establecer un modelo unívoco de ciudadano. El Preámbulo de la Ley orgánica de educación dice de la nueva materia que: «permitirá profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos». La imposición de un modo de entender la ciudadanía, con el obsesivo «ritornello» de la novedad, se hace a costa del ejercicio de la libertad cuyo resultado es el pluralismo. La Constitución enumera el pluralismo político como uno de los principios superiores del Ordenamiento (art. 1.1).
2º) La otra deficiencia, también reflejada en la ley, fue que configuraba la ciudadanía como un absoluto, sin conexión con la vertiente espiritual o trascendente de la persona. De hecho, el desarrollo reglamentario de la materia elude estas cuestiones. El Manifiesto del PSOE, con ocasión del XXVIII aniversario de la Constitución (2006), «Constitución, laicidad y educación para la ciudadanía», confirma el propósito de enfrentar ciudadanía-laica con religión, vivida con coherencia.
Para el manifiesto: «Los fundamentalismos monoteístas o religiosos siembran fronteras entre los ciudadanos. La laicidad es el espacio de Integración. Sin laicidad no habrían nuevos derechos de ciudadanía, serían delitos civiles algunas libertades como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, … y dejarían de ser delitos el maltrato a la mujer, la ablación o la discriminación por razón de sexo. Sin laicidad sería difícil evitar la proliferación de conductas nada acordes con la formación de conciencias libres y críticas y con el cultivo de las virtudes cívicas. Desde la laicidad se garantiza la convivencia de culturas, ideas y religiones sin subordinaciones ni preeminencia de creencias, sin imposiciones, sin mediatizar la voluntad ciudadana, sin subordinar la acción política de las Instituciones del Estado Social y Democrático de Derecho a ningún credo o jerarquía religiosa. La Laicidad es garantía para desarrollar los derechos de ciudadanía ya que el Estado Democrático y la Ley, así como la soberanía, no obedecen a ningún orden preestablecido de rango superior, pues la única voluntad y soberanía es la de la ciudadanía».
Desgraciadamente, el Tribunal Supremo desatendió la doctrina del Constitucional, cuando negó el amparo a los padres objetores a Educación para la ciudadanía (sentencias de 11 de febrero de 2009 y concordantes). El Tribunal Constitucional (sentencias 5/1981, 24/1982 y 235/2007) había garantizado la neutralidad ideológica de los poderes públicos y su contención, frente a la libre circulación de ideas. Rasgo éste que caracteriza a una sociedad democrática. El Tribunal Supremo dio la espalda a estos principios y consintió el «adoctrinamiento constitucional» y la extralimitación de un sistema educativo que evaluaba actitudes, emociones y grados de compromiso. La objeción de conciencia era el último recurso de los padres, evitando daños colaterales, para preservar lo más sagrado: su función tuitiva y la conciencia de sus hijos.
Las consecuencias de la opción ideológica
Como demuestra el Anteproyecto de ley para una nueva ciudadanía y para la igualdad de mujeres y hombres del Departamento de Acción Social de la Generalidad de Cataluña, el poder público sigue empeñado en su programa de implantar la «nueva ciudadanía». Se cree con el derecho de intervenir en todo: sexualidad, ocio, espectáculos (supresión de los toros o de exhibición de animales en el circo, etc.) o afectos. La escuela, los medios de comunicación social, los Consejos de la Juventud, Institutos de la Mujer y otros entes públicos difunden patrones ideológicos frente a lo que denominan «prejuicios» o «tópicos» y a favor de la «igualdad» y las «nuevas experiencias». Asimismo, el poder público lidera la «cruzada» contra hábitos socialmente admitidos, como el de fumar, en las antípodas de la tolerancia.
Es un cambio de paradigma que implica erradicar el anterior. De ahí el rechazo a que trascienda a los demás el ejemplo del hombre religioso, de convicciones católicas. Éste es el trasfondo preocupante de la supresión de las tradiciones y ceremonias religiosas típicas de nuestra sociedad. También de provocar el alejamiento del Ejército del sentir popular, haciéndolo defensor de una Patria vacía o ideologizada. Iniciativas del Gobierno que se suman a la pretensión de suprimir los signos cristianos en los espacios públicos. Aquél se arroga la exclusiva legitimidad para configurar, a su arbitrio, el horizonte vital de la sociedad. Su educación para la ciudadanía no lo es para el ejercicio responsable de la libertad, sino para una sumisión acrítica a todo dirigismo y una renuncia al compromiso, en conciencia, con la verdad.
[ Volver ]