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Novedades sobre la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía
Varias Comunidades > Trescientos padres de alumnos demandan al Estado español por vulnerar los derechos fundamentales a objetores de EpC
[ 18-03-2010 ] Análisis Digital
ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.
Redacción - 18/03/2010
En la mañana de ayer, la asociación cívica espalola “Profesionales por la Ética” anunció la inminente presentación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, de la primera demanda de objetores a Educación para Ciudadanía (EpC) contra el Estado español. Según explicó José Luis Bazán, director de la Asesoría de dicha institución, los demandantes (en torno a 300 entre padres, madres e hijos) presentarán los 105 primeros casos de vulneración de derechos fundamentales por parte del Gobierno casos.
Entre otras peticiones, los demandantes piden al alto tribunal que adopte medidas provisionales que obliguen al Estado español a no forzar la entrada de los niños en clase de EpC. Igualmente solicitan que se reconozca mediante la oportuna declaración que, en estos casos, se han vulnerado derechos fundamentales de los padres y de los hijos (libertad ideológica de ambos, libertad educativa, discriminación; y, en el caso de los menores, derecho a la intimidad personal y familiar) ya que todos estos derechos están tutelados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además de exigir una compensación por los daños morales causados, los firmantes de la demanda solicitan al Tribunal que requiera al Estado español para que respete la neutralidad ideológica en el sistema educativo e impida futuras vulneraciones de los derechos actualmente invocados en este conflicto.
José Luis Bazán explicó en rueda de prensa, que el Gobierno español, con estas asignaturas, viola las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de derechos fundamentales, por lo que las familias españolas se han visto obligadas a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la evidente falta de voluntad del Estado español en un conflicto que dura años. Igualmente puso de manifiesto la escasa sensibilidad del Tribunal Supremo, que dictó unas sentencias disconformes con los principios más básicos de un Estado de Derecho. «Debe anteponerse la defensa de los derechos fundamentales de las personas a los intereses de Estado o de la ideología que sustenta un gobierno no respetuoso con la libertad ideológica de sus ciudadanos», ha afirmado.
En la rueda de prensa intervino también Inmaculada López, madre de cinco hijos, tres de los cuales son objetores a EpC. López aseguró que la objeción «no fue en modo alguno una decisión fácil ni cómoda ya que sus consecuencias inmediatas suponían que nuestros hijos en el momento en que les correspondiera cursarlas, deberían salir de cada clase. “Y esto, se lo aseguro, no es nada fácil para ellos ni para nosotros», añadió.
Asímismo, señaló que ni el Gobierno de España ni los Gobiernos Autonómicos les han dejado otra opción para poder educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. «Todo lo contrario, añadió, nos encontramos con un Estado que en lugar de asegurar este derecho fundamental trata de suplantarlo al imponer por ley unas asignaturas de marcado carácter ideológico, cuya finalidad es conformar la mente de las futuras generaciones según la particular ideología del partido que sustenta nuestro Gobierno, y en un futuro, en todo caso, del gobierno de turno».
En la rueda de prensa intervino también Roger Kiska, abogado de Alliance Defense Fund (ADF), una entidad especializada en la defensa jurídica de los derechos fundamentales. De origen estadounidense pero con sede en Bratislava, ADF, junto con Profesionales por la Ética, representa a los padres objetores demandantes. Una representación de estos últimos presentará la demanda contra el Estado español el próximo 19 de marzo en Estrasburgo.
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