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Novedades sobre la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía

Castilla y León > Algunos padres desafiarán al TSJ y no llevarán a sus hijos a Ciudadanía

[ 20-03-2009 ] Diario de León

LAS FAMILIAS EXIGEN QUE LA REVOCACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SE LAS COMUNIQUEN POR ESCRITO

León Educa en Libertad apoyará las iniciativas contrarias a la asignatura

20/03/2009 S. C. Anuncibay

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en consideración con la sentencia del Tribunal Supremo, ha ordenado la suspensión de las medidas cautelares que eximían a los objetores leoneses de cursar la asignatura obligatoria Educación para la Ciudadanía, pero algunos de los padres de estos chicos continuarán con su particular batalla en contra de la materia y, por tanto, no consentirán que sus hijos entren en estas clases, a pesar de que suspenderán la disciplina.

La resolución judicial obliga a los alumnos afectados a reincorporarse inmediatamente a las aulas y a los centros a impulsar planes de recuperación para los estudiantes rezagados como consecuencia de haber perdido más de la mitad del año. Por el momento ninguno de los casi sesenta alumnos implicados de la provincia entrarán de nuevo en las clases donde se imparta Ciudadanía y no lo harán hasta que la «revocación de las medidas cautelares llegue por escrito a las familias», según asegura Aurelio García, portavoz de la plataforma León Educa en Libertad, quien ve «adoctrinamiento» en los contenidos curriculares impugnados, una potestad que es contraria a la Constitución española, recuerda, donde se recoge que son los padres los encargados de educar a sus vástagos en conciencia.

García reconoce como algunas familias le han comunicado que cederán ante los dictámenes del Alto Tribunal y permitirán que sus hijos acudan a Ciudadanía, pero hay otros, afirma, que seguirán con su lucha y llevarán la objeción hasta sus últimas consecuencias. «Vamos a apoyar a todos, pero, sobre todo, a los que planteen cualquier iniciativa en contra de la materia», manifiesta.

De hecho, la plataforma León Educa en Libertad ha preparado varios modelos de cartas para ejercer oposición. En una de ellas, los afectados que así lo deseen comunican a la Consejería de Educación que sus hijos «asistirán inicialmente a estas clases por imperativo legal» y manifiestan expresamente su «más absoluto rechazo contra unas asignaturas que en sus Reales Decretos de contenidos mínimos obligatorios se configuran como una pretensión de adoctrinar en unos valores morales determinados, que no son los que compartimos sus padres».

Otra sirve para denunciar a las administraciones educativas estatal y autonómica por sobrepasar los límites impuestos en la sentencia del Tribunal Supremo y permitir que en algunos centros los contenidos impartidos traspasen la barrera de la moral.

A medias

El último modelo epistolar informa a la Junta de la «negativa parcial» del objetor a entrar en el aula los días que se aborden los contenidos que más confrontación causan, como son la eutanasia, el aborto o los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Aurelio García garantiza «una vigilancia con lupa» del desarrollo de la asignatura y reconoce que su hijo no la tiene hasta el próximo curso, pero ya ha decidido que «no la dará».

Asume, al igual que el resto de padres -"según afirma-", que suspenderán la disciplina y tendrán problemas si al final no aparece una solución del agrado de todas las partes implicadas en este proceso, algo que, por el momento, parece difícil.

«La ley obliga a que en las notas no pueden aparecer como no cursado; aceptamos que les pongan un cero», puntualiza. «Lo que no aceptaremos jamás es que les declaren absentistas o dictaminen abandono escolar, porque eso puede acarrear otro tipo de medidas disciplinarias», argumenta.

Todas las plataformas de la comunidad opuestas a Educación para la Ciudadanía han solicitado una reunión con el consejero del área Juan José Mateos para pedirle, al igual que hizo el Supremo con las comunidades autónomas, que ponga los medios para vigilar los libros de texto que utiliza cada centro y delatar, si existiera, el incumplimiento de alguno de los preceptos fijados en el fallo del Alto Tribunal. Aurelio García confía en que este encuentro tenga lugar en «fechas próximas».


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