ADVCE: Nota de prensa sobre la nueva Educación para la Ciudadanía

16/08/2012

El hecho de tener que leer unos nuevos contenidos para EpC es ya una mala noticia porque ello implica que EpC sigue existiendo.

Por otro lado, y para que el gran público no se deje engañar, los nuevos contenidos de esas materias fijados en el BOE representan la mitad de los contenidos que han de impartirse en los centros escolares, ya que cada Comunidad Autónoma añade la otra mitad de los contenidos. Y en última instancia, el profesorado de un centro educativo concreto puede todavía añadir contenidos que considere necesarios. Esto quiere decir que los contenidos suprimidos a nivel estatal pueden ser añadidos a nivel de comunidad o por determinados profesores para su centro educativo.

Desde ADVCE, seguimos considerando que lo mejor es eliminar por completo esta materia. Esperamos que en la reforma integral que pretende hacerse del sistema educativo  no se cuente ya esta asignatura.

Hacemos nuestros los comentarios de múltiples entidades (Foro de la Familia, España Educa en Libertad, Profesionales por la Ética, Madrid Educa en Libertad, etc.) que han manifestado su malestar por el nuevo desarrollo de esta ley de mínimos de las materias englobadas bajo EpC en los siguientes términos:

Sigue sin reconocerse el papel de los padres como primeros responsables de la educación de los hijos, y éstos aparecen como un agente más entre las instituciones públicas, los centros educativos y la misma sociedad.

En contra de lo recogido en el Sumario del Consejo de Ministros del pasado viernes 3 de agosto en referencia al Real Decreto de Educación para la Ciudadanía, aún quedan demasiadas cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico, al incluirse  cuestiones de pleno debate en la sociedad sobre las que no cabe imponer a los alumnos una visión concreta ni por parte del Estado ni por parte de los profesores, por lo que EpC va a seguir siendo fuente de conflicto en las aulas.

Se afirma en dicho sumario que el estado tiene la obligación de asegurar que los ciudadanos conozcan una serie de normas legales como la Constitución Española, la declaración de Derechos Humanos, etc., pero el Real Decreto excede este al decir, de forma explícita, que los alumnos no sólo tienen que conocerlas, sino asumirlas y reconocerlas como referente ético universal, llegando incluso a imponerse este reconocimiento por parte de los alumnos como criterio de evaluación.

Así pues, los criterios de evaluación siguen incluyendo cuestiones que no pueden ser objetivamente evaluadas, puesto que se exige al alumno: asumir, valorar, rechazar, reconocer… una serie de cuestiones impuestas en el Real Decreto.

Se mantiene una concepción iuspositivista de los derechos humanos, así como de otras normas jurídicas, que  inducen a identificar el derecho con la ética. Se mantiene igualmente la dicotomía entre ética personal y social.

Decepcionante es también que no se haya aprovechado la reforma para solucionar la problemática académica que arrastran los padres objetores por defender su libertad y la de todos, a la espera también de las sentencias del Constitucional y Estrasburgo.

No incluye ninguna medida de amparo o exención académica a los numerosos alumnos objetores que se han visto perjudicados en su expediente con consecuencias negativas para la obtención de becas o incluso la repetición de curso.

Lamentamos que la reforma no haya llegado hasta el final y siga manteniendo aspectos preocupantes como el intento de confundir la legislación de derechos humanos con la ética o los criterios de valoración de los alumnos de carácter subjetivos y ajenos a los conocimientos objetivos adquiridos.

El Gobierno ha hecho un esfuerzo por suprimir términos controvertidos pero ha introducido contenidos que ya se dan en Ciencias Sociales y en Conocimiento del Medio.

La esencia de Educación para la Ciudadanía se mantiene porque sigue siendo una moral estatal entre cuyos objetivos se encentran configurar el pensamiento, la ética y los valores del alumno. La asignatura se sigue entrometiendo en el análisis de las relaciones interpersonales de los jóvenes, incluyendo la convivencia familiar, e instándoles a que se comporten de acuerdo con los valores del entorno.

Por todo ello, seguimos exigiendo en justicia la supresión de EpC en todas las etapas educativas, y la anulación de la edición de los libros de EpC junto con la regularización de la situación de los alumnos objetores.

ADVCE

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