Anarquía, rebeldía, violencia…
Rafael Miner
La sustitución de la polémica Educación para la Ciudadanía por una Educación Cívica y Constitucional ha sido una buena noticia para los que desde hace años propugnamos una educación libre de adoctrinamientos ideológicos. Pero la controversia tiene más alcance.
En efecto, entre los detractores y objetores de la famosa EpC, algunos se han planteado por qué el Ejecutivo no elimina también la nueva asignatura prevista, o cualquier otra que pueda dar pie a un gobierno de cualquier signo al adoctrinamiento escolar, algo contrario a los derechos de los padres recogidos en la Constitución española.
Para el ministro José Ignacio Wert, el planteamiento de la materia aprobada por el Gobierno socialista iba “más allá de lo que debería corresponder a una verdadera formación cívica conforme a las directrices formuladas por el Consejo de Europa”. La nueva asignatura Educación Cívica y Constitucional estará por tanto “libre de cuestiones controvertidas y de adoctrinamento ideológico”.
Por ello, el titular de Educación propone una nueva asignatura que proporcione a los alumnos el conocimiento de la Constitución Española “como norma suprema que rige nuestra convivencia, la comprensión de sus valores, de las reglas del juego mediante las que se conforma una sociedad democrática y pluralista, así como la historia de la Unión Europea de la que España forma parte”.
Según el ministro, ésta es una materia “relevante” porque tiene como objetivo la formación de ciudadanos “libres y responsables con capacidad de ser sujetos activos”. “Sin duda, esta Educación Cívica y Constitucional servirá a tal fin y no a ningún otro”, ha señalado Wert.
La reflexión sobre la postura de quienes desean que se suprima cualquier asignatura que pueda adoctrinar, aunque sea hipotéticamente, y la de quienes estarían de acuerdo con una Educación cívica y constitucional se ha acrecentado en estos días.
De momento, algunos lamentables acontecimientos recientes avalan la posición de Wert. Por ejemplo, los insultos a magistrados y el desacato público a sentencias del Tribunal Supremo. Hoy mismo, su presidente, Carlos Dívar, ha manifestado que las “descalificaciones” al Tribunal deslegitiman las instituciones del Estado de Derecho, asunto “de costosa y difícil reparación”, porque es más sencillo destruir que construir.
Otro ejemplo: ataques a sedes del Partido Popular en la CCAA de Madrid. Otro: comportamientos corruptos de tráfico de influencias o prevaricaciones. Y otro que nos llevaría aún más lejos: la legitimación implícita o explícita de la violencia, el chantaje y la extorsión como medio para conseguir objetivos (véase organizaciones terroristas y/o sus adláteres políticos).
Las conductas reprobables se multiplican y conviene hacerles frente de un modo adecuado. Se puede argumentar que bajo la capa de civismo es posible adoctrinar, o que con el texto vigente de la Carta Magna cualquier interpretación es posible, tal como han demostrado en no pocas decisiones (lamentables) el mismo Tribunal Constitucional o el poder político. Cierto.
Pero no lo es menos que el adoctrinamiento cabe en cualquier asignatura y casi por cualquier vía. En consecuencia, un preciso y concreto temario para un profesorado competente sería notablemente útil en las circunstancias actuales, en las que comportamientos anárquicos, rebeldes o violentos campan a sus anchas sin adecuados límites y sin una legítima represión coercitiva del Estado y de un Poder Judicial, contagiado del virus político. Una cosa es la discrepancia con adversarios políticos, con sentencias judiciales, o con decisiones políticas o económicas difíciles, y otra la ausencia de acatamiento y el enfrentamiento violento y provocador. Lo estamos viendo y lo veremos más en breve, desgraciadamente.
Todo ello sin merma, naturalmente, porque es lo más importante, de un respaldo expreso del Tribunal Constitucional a la libertad ideológica y a la objeción de conciencia que recogen la Carta Magna y su propia jurisprudencia. Porque la objeción de conciencia sí es una verdadera piedra angular para prevenir o reaccionar ante adoctrinamientos e ideologías en la escuela.
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Estando basicamente de acuerdo,con sus comentarios,continúo planteándome una cuestión también importante desde mi punto de vista.
Todas las asignaturas de sentido ¿civico? pueden verse tergiversadas,dependiendo únicamente de la actitud del profesor que la imparta.
Además considero,que perteneciendo ya a una unidad,teoricamente tanto política como económica debería darse en todo caso,una mayor preponderancia sobre la Constitución Européa más incluso que en la de nuestro país.
Ante la diatriba generada,por la actitud de los supuestamente estudiantes de bachillerato,en distintas comunidades autonómicas,el problema podría verse incrementado hasta una situación muy dificil de controlar.
Por todo esto,debemos esperar una rápida actuación,tanto por parte del ministerio de educación como de los maestros y alumnos,relativas a esta situación absolutamente indignante.
Sín una decisión clara,basada en los principios básicos del sistema educativo,por parte de todas las personas implicadas en ella,esta situación continuara sin arreglarse.
Luchemos pues,no solo por la desaparición de EpC,y asignaturas similares,y promulgemos las bases,y las normas,que desde nuestro particular punto de vista,deben regir la educación de nuestros hijos